¿Hay justicia en Brasil? #LulaLibre

Por Miguel Angel García Alzugaray 

Hace tiempo que muchos nos hacemos esa pregunta, aunque viendo los últimos acontecimientos respecto al encarcelamiento del ex presidente Lula, llegamos a la deplorable conclusión de que la respuesta es negativa.

¿Odio de clase fascista contra los trabajadores o justicia honesta? He allí el dilema de esta nación.

Brasil es un país asfixiado por la corrupción en el que late un conflicto con aires de guerra declarada entre el poder político, un estamento insólitamente corrupto, su aliado estratégico el poder judicial, insólitamente venal y parcializado a favor de la ultraderecha, y los sectores más progresistas del pueblo encabezados por el Partido de los Trabajadores (PT).

Por ello, no es de extrañar que el voto que definió el destino del ex presidente Lula da Silva sobre la decisión de no conceder el “Habeas Corpus fue el de Cármen Lucía, presidenta de la Corte Suprema Federal de Brasil (STF), quien había mostrado mayor clemencia en 2010, cuando benefició a militares genocidas de la última dictadura brasileña.

A pesar de que la defensa insistió en que de forma reglamentaria la presidenta no podía votar para desempatar en habeas corpus, la decisión fue sometida a votación permitiendo a la jurista brasileña dar su sentencia en contra del recurso, y habilitar el encarcelamiento del candidato del pueblo del país suramericano.

La magistrada Cármen Lucía, de 63 años de edad, es originaria de la ciudad de Montes Claros, ubicada en el estado de Minas Gerais. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais en 1977. Luego, obtuvo la maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Federal de Minas Gerais y el doctorado en Derecho del Estado, por la Universidad de São Paulo en 1983.

Lucía llegó a su cargo en mayo de 2006, posterior a la jubilación del ministro Nelson Jobim, juramentándose en junio de ese año frente al entonces presidente Lula Da Silva, hombre contra el cual se posicionó con su voto.

En 2010 la presidenta del STF, votó en contra de revisar la Ley de Amnistía de los represores de la última dictadura del país suramericano y avaló con su decisión de mantenerla, en favor de militares que cometieron delitos de lesa humanidad contra estudiantes y trabajadores brasileños.

Cabe destacar que se trata de la misma Corte Suprema Federal que en 2016 avaló la decisión del senado sobre la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff. La votación de quienes, como Lucía, se posicionaron en contra del candidato y ex presidente Lula Da Silva puede leerse en el escenario político como una continuación del golpe institucional de 2016, mediante el cual llegó al poder Michel Temer

Justicia ciega en Brasil

La falta de credibilidad se extiende como un manto sobre el sistema político y judicial brasileño, y corrobora la existencia de ese nuevo instrumento de poder en que se han convertido, en ciertos lugares, la justicia y la política: a la primera se le politiza, y a la segunda se le judicializa.

Así, mientras sin alguna prueba se ha condenado a Lula por presuntos manejos sucios en torno a la alegada posesión de un apartamento, y todavía se abren nuevas causas en su contra; a Michel Temer, la Cámara de Diputados, le otorgó el perdón, a pesar de conocerse en todo el mundo la grabación donde se daba cuenta de que el mandatario estaba al tanto y aprobaba —como mínimo— los sobornos a un político corrupto que a la sazón ya estaba en prisión (Eduardo Cunha) para comprar su silencio.

Los intereses de encarcelar a Lula y evitar su presentación como candidato a las elecciones presidenciales por el Partido de los Trabajadores (PT) es una medida desesperada de la derecha, producto del apoyo alcanzado en los últimos meses por el líder popular, quien duplica el favoritismo a su más cercano competidor con un 36%. de aceptación del electorado.

La justicia de Brasil parece ser ciega, sobre todo cuando se juzgan los intereses de unas clases sobre las otras. El pasado jueves, 5 de abril, se ha declarado culpable al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por casos de corrupción. Seis contra cinco fue el fallo del Supremo Tribunal Federal de Brasil que determinó el encarcelamiento del líder popular

Doce horas duró el juicio que cuestionó si debía permanecer en libertad a la espera de que su caso fuera debatido por instancias superiores

La condena se sustentó en la acusación del juez Sergio Moro por corrupción y lavado de dinero (parte del megacaso lavado a presión, que reveló una trama de corrupción alrededor de la empresa estatal Petrobras y un compendio de sobornos pagados a dirigentes políticos por parte de la constructora Odebrecht); además de recibir supuestamente un lujoso apartamento triplex, frente a la playa, en el Condominio Solaris, en Guarujá (Sao Paulo), a cambio de beneficiar a la constructora OAS, hecho que nunca pudo demostrarse.

Lula es un duro en Brasil, Lula es querido en Latinoamérica. Y no es para menos, pues entre 2003 y 2010 logró que alrededor de 30 millones de brasileños se elevaran por encima del umbral de la pobreza mediante programas sociales de impacto internacional, mejoras en el sistema educativo y acceso a la educación superior; reducción de la tasa de desempleo, inferior incluso a la de Estados Unidos o Alemania; boom en los precios de las materias primas; crecimiento de las exportaciones, ingresos e inversiones; y hallazgo de reservas de petróleo fueron sólo algunas de las razones por las que se ganó el afecto y voto y confianza de los brasileños.

Pero era, quizás la más importante y la que más temor generaba en sus adversarios que planificaban darle jaque mate en el juego político, la de inspirar a un país a través del asenso de un hombre que pasó de vivir en extrema pobreza a presidir la mayor economía de América Latina.

Tribunal parcializado a favor de la derecha

La medida de encerrar a Lula deja clarividencia de una justicia parcializada. A Lula se le aplica todo el peso de la ley a diferencia de lo ocurrido con Temer, quien recibió acusaciones por corrupción, obstrucción de la justicia y estar a la cabeza de una organización criminal que manejaba sobornos.

Para garantizar la libertad de Temer y mantenerlo en el poder, el Congreso evitó que fuera juzgado, tras el apoyo de 251 diputados contra 233 (la mayoría de los que votaron a favor del presidente enfrentan investigaciones por diversos delitos).

Antes de la votación de los diputados, Temer destinó cientos de millones de dólares del presupuesto federal a proyectos y demandas de los mismos congresistas que definirían su futuro: bienes a cambio de apoyo. Allí radicó su éxito.

Grupos rurales y empresariales en el Congreso también se vieron beneficiados con la reducción y eliminación de multas por daños ambientales y una flexibilización de las normas contra el trabajo esclavo, impulsadas por el mandatario derechista.

No ha importado que entre el 80 y el 90 por ciento de la población, según las distintas encuestas, pidan que Temer sea depuesto; ni que se hayan establecido más de una decena de pedidos de impeachment en su contra; y tampoco que el mandatario cuente apenas con el visto bueno de un escaso cinco por ciento de los brasileños.

Claro, las acusaciones a Luiz Inácio Lula da Silva se impulsaron por el grupo de fiscales que lidera el juez Sergio Moro, a cargo de la operación Lava Jato, de quien se dice cada vez con más insistencia que está parcializado y pasa cuentas a la izquierda política brasileña.

Como expresara a Sputnik, Clayton Cunha Filho, doctor en Ciencia Política por la Universidad Estadual de Río de Janeiro: “Deberíamos dejar de hablar de democracia en Brasil porque tras el golpe que destituyó a Dilma [Rousseff] son cada vez más claras las señales de que ya no hay Estado de derecho ni previsibilidad, y que las cosas se van resolviendo según las conveniencias de los poderosos de turno”.

Para Cunha Filho, el episodio reforzó la “grave crisis institucional” que enfrenta la nación y que se refleja en una “intervención de la política” en el poder Judicial y viceversa.

Antes de entrar en prisión, Lula pronunció un discurso breve que ha recorrido el mundo y que ha tenido un impacto positivo en todas partes del globo.

“Ellos creen que el problema de ellos es solo Lula. Ellos van a descubrir que el problema son todos ustedes. Mis ideas ya están flotando en el aire y no tiene manera de mantenerlos”, dijo antes de entregarse.

La Corte Federal le había otorgado Lula un plazo hasta las cinco de la tarde del viernes para que se presentara, de manera voluntaria, en la sede de la Policía Federal para proceder con la detención.

El encarcelamiento del ex presidente Lula constituye posiblemente el objetivo buscado desde el inicio del movimiento golpista que se preparó desde agosto del 2016 con el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rouseff. Fue condenado sin pruebas materiales, y las evidencias han sido rechazadas por el tribunal. Así quedó vulnerada la constitución, esa que impone que nadie puede entrar en la cárcel sin sentencia firme.

El único presidente obrero de Brasil en prisión. Un hecho que da cuenta del carácter de clase de esta crisis democrática traducida en la recomposición del capital financiero rentista y la oposición a cualquier medida de redistribución de la riqueza

Se habla mucho, con razón, de las nuevas estrategias concebidas para ello, el uso inteligente de los medios de comunicación oligopólicos y la acción judicial en connivencia con la fiscalía y la policía federal: los jueces, en este caso, como punta de lanza de una investigación dirigida exclusivamente a la eliminación del adversario político, el mayor bandido de Brasil, como afirma la prensa y replican los ciudadanos hostiles a un nuevo gobierno del Partido de los Trabajadores.

Se habla menos del componente racista y clasista de esta operación, que marca decisivamente su alcance y le da sentido real. Profundizará en adelante la dureza de los ataques de clase en aquel país, y es misión de la izquierda política y sindical no sólo resistir, sino ser capaces de elaborar un proyecto de futuro para impedir de manera definitiva el secuestro de la libertad y de la democracia por las clases dirigentes apoyadas en una opinión pública manipulada y educada en la aceptación del autoritarismo fascista.

En esta cuestionada democracia del Brasil de hoy, la gente no cuenta. Por eso, el único augurio posible ahora es la continuación de las protestas y el aumento de la solidaridad internacional.

En este sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba denunció este fin de semana el encarcelamiento con fines políticos del compañero Luiz Inácio Lula Da Silva, que constituye un hecho gravísimo al intentar impedir que el líder más popular de Brasil sea candidato a la presidencia de ese país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró su solidaridad con el compañero Lula Da Silva, víctima de una injusta persecución política, judicial y mediática, que tiene el propósito de criminalizar a un líder emblemático de Nuestra América y a las fuerzas políticas y sociales que emprendieron el camino hacia un Brasil más justo.

Al encarcelar a Lula subrayó, se aspira a revertir los progresos y conquistas sociales de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, entre ellos el haber sacado de la pobreza a millones de brasileños.

Al compañero Lula y al pueblo brasileño no les faltará el apoyo de gobiernos, organizaciones, fuerzas políticas y movimientos sociales en numerosos países de todas las regiones.

Tomado de Cuba es surtidor

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Autor: taconymediasuela

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