Es deber de la justicia revolucionaria contribuir a mantener la paz y la seguridad ciudadana. Foto: Ariel Cecilio Lemus
No hay paz donde hay sobresalto. No la hubo cuando la acción coordinada y financiada desde Estados Unidos levantó el 11 de julio, contra la tranquilidad dominical de Cuba, a un número significativo de personas –entre las cuales unas cuantas se mostraron «dispuestas a lo que sea»–, cuyas escenas de escándalo, desorden, vandalismo y violencia, todavía con el recuerdo alcanza para sobresaltar a las familias cubanas.
¿Cómo alguien puede, entonces, creerse el cuento del «noble propósito» y la «vocación de paz» de quien se lanza con piedras en las manos, contra vidrieras, sí, pero también contra personas, y voltea carros, y saquea tiendas, y amenaza de muerte, y prende y tira cocteles molotov sin importar las consecuencias?
¿Qué Ley pasaría de largo a sabiendas de los culpables de una violencia expresa, con tanta evidencia a mano?
La gravedad de los hechos, la alteración superior del orden público para poner en peligro la seguridad, a pesar de las severas condiciones que enfrentaba el país con la pandemia, no quedarían impunes.
En las investigaciones se obtuvo el material probatorio sobre las conductas de promoción, organización y ejecución directa de actos que la ley penal tipifica como delitos, y, en consecuencia, contra los responsables se practicaron juicios orales en los tribunales, cuya realización ha constituido expresión del debido proceso.
En el afán constante de fabricar pretextos para demonizar a la Revolución, y glorificar a quienes la adversan, incluso con la violencia, los enemigos de Cuba orquestan una intensiva campaña dirigida contra los profesionales del Derecho que practican el proceso penal.
La posición firme y soberana de los cubanos dignos consolida la defensa de estos hombres y mujeres, tal cual lo refrendaron las palabras, en Twitter, del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
«Orgulloso de los juristas de Cuba: fiscales, abogados y jueces. Contra el honrado ejercicio de sus respectivas profesiones, se estrellarán todas las cobardes campañas de descrédito de los enemigos de la Revolución Cubana».
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